Revenge porn y sextorsión, ahora delitos federales en Estados Unidos
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En un raro gesto de acuerdo bipartidista, el Congreso de los Estados Unidos aprobó recientemente una ley que penaliza lo que comúnmente se conoce como “pornografía de venganza”, además de otras formas de difusión de imágenes sexuales sin el consentimiento de las personas retratadas. La prohibición se refiere expresamente tanto a fotografías reales como a imágenes ficticias generadas mediante inteligencia artificial.
La norma está pensada especialmente para proteger a niñas y adolescentes, las víctimas más frecuentes de este tipo de vulneraciones de la intimidad y la dignidad personales. De hecho, fue un caso ocurrido en 2023 que involucró a varias estudiantes en Texas el que impulsó al senador republicano Ted Cruz a promover la ley que ahora ha sido aprobada.
En un episodio similar en España, en un instituto de Extremadura, un estudiante tomó fotos inocentes de sus compañeras y las transformó en falsos desnudos que luego compartió en Snapchat. Como en ese momento no existía una ley específica que castigara este comportamiento, los padres de las víctimas no lograron que la justicia interviniera.
Hasta la promulgación de esta nueva ley federal, la “pornografía de venganza” solo estaba prohibida en algunos estados, como California y Florida.
Multas y penas de prisión
La nueva ley federal lleva un título extenso diseñado para que sus iniciales formen la expresión “Take It Down” (“retírenlo”, en referencia al material íntimo difundido sin consentimiento).
Sus disposiciones no se aplican a la pornografía infantil, que desde hace años ya está castigada con penas de entre cinco y veinte años de prisión.
El nuevo delito de difusión no consentida de imágenes sexuales exige que la persona representada sea identificable, ya sea en fotografías reales o en desnudos creados artificialmente. La responsabilidad no decae aun cuando la víctima hubiera consentido la creación de la imagen o la hubiera mostrado previamente a un tercero.
La pena puede ir desde una multa hasta dos años de prisión si la víctima es mayor de edad, y hasta tres años si es menor. También se castiga la amenaza de difundir este tipo de imágenes con fines de extorsión o para causar daño psicológico: en estos casos, la pena puede alcanzar los 18 meses de prisión si la víctima es adulta y los 30 meses si es menor.
En caso de condena, se procederá además al decomiso de las imágenes ilícitas, de los beneficios obtenidos con su difusión y de los instrumentos utilizados para crearlas o distribuirlas.
Retirada rápida y obligaciones para las plataformas
La ley también impone obligaciones a los sitios web y redes sociales a través de los cuales se difunden estas imágenes. Cuando reciban una denuncia por parte de la víctima o de su representante, deberán eliminar el contenido en un plazo máximo de 48 horas.
A diferencia de las disposiciones penales, estas obligaciones no entrarán en vigor de inmediato: las plataformas disponen de un año para elaborar y publicar un procedimiento específico para gestionar las denuncias.
Si una plataforma no retira las imágenes dentro del plazo establecido, cometerá una infracción sancionable por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Al mismo tiempo, la ley exime a las plataformas de responsabilidad en caso de “falsos positivos”, es decir, cuando eliminen contenidos de buena fe tras una denuncia que posteriormente resulte infundada.
La buena fe es el único requisito para solicitar la retirada del contenido. Este aspecto ha suscitado críticas por parte de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que advierten del riesgo de que falsas víctimas puedan utilizar el mecanismo para censurar contenidos legales simplemente porque no les gustan.
Como toda ley, esta también podrá perfeccionarse en el futuro. Pero su valor actual es innegable. Obliga con firmeza a las redes sociales y a las plataformas digitales no solo a actuar con coherencia, sino también con rapidez frente a la publicación de contenido íntimo sin consentimiento. Incluso la mera amenaza de difusión —como en los casos de “sextorsión”— pasa a ser un delito punible. Ya era hora.















